Aunque cada año suele haber algún paro debido a conflictos laborales, en esta ocasión la huelga tiene posibilidades de convertirse en una batalla duradera y con tintes políticos. Detrás de ella palpitan los problemas financieros provocados por el recorte de ayudas públicas por la política de ajuste de la coalición de conservadores y liberales-demócratas que gobierna Reino Unido.
Pero el problema principal es que la compañía quiere cerrar todas las taquillas de la red con el argumento de que las tarjetas magnéticas que ahora hacen las veces de billete las han convertido en un servicio innecesario. Transport for London, la compañía gestora del metro, quiere ahorrarse así 950 empleos, lo que permitiría reducir los gastos en 50 millones de libras al año (60 millones de euros) y poner en el mercado como espacios comerciales las áreas ahora utilizadas para la venta de billetes.
Los sindicatos han convocado 48 horas de paro esta semana y otras 48 horas la semana que viene. Eso significa que el metro se cerró el martes a las nueve y media de la noche y no volverá a abrir hasta el viernes por la mañana, causando problemas no solo a los usuarios sino a muchos comercios que ven reducida su actividad porque los londinenses evitan acudir al centro durante ese largo periodo.
La huelga ha estado rodeada en esta ocasión de una inusitada tensión política, con los sindicatos acusando al alcalde conservador, Boris Johnson, de negarse a negociar; los laboristas lamentando esa falta de diálogo y los conservadores amenazando con convertir el metro de Londres en un servicio esencial, lo que obligaría a una detallada negociación sobre servicios mínimos antes de poder llevar a cabo una huelga. El alcalde ha llegado a sugerir que se modifique también la ley de forma que una huelga tenga que ser aprobada por al menos un 50% de los trabajadores. Algo que haría imposible la elección de cargos políticos si se esa norma se aplicara a ese tipo de comicios.
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