SANTIAGO, CHILE.- En casi quince minutos, la magistrada del 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Gabriela Carreño Barros, resumió ayer el fallo de 1.866 páginas que condenó a 23 años de cárcel a Juan Alexis Flores Riquelme por su responsabilidad en la detonación de artefactos explosivos en dos estaciones del Metro de Santiago hace casi cuatro años. Los hechos, conocidos como parte del caso Bombas II, terminaron con 29 personas con heridas de diversa gravedad.
En 2014, Flores fue detenido junto a su pareja Nataly Casanova por su presunta participación en los atentados en las estaciones Los Dominicos, el 13 de julio, y en el Subcentro de Escuela Militar, el 8 de septiembre; además de los bombazos de la Primera Comisaría de Carabineros y la 39.a de El Bosque, el 11 de agosto del mismo año, y el delito de tenencia y posesión de explosivos. Estos dos últimos ilícitos se configuran porque al arrestarlos en el domicilio de Casanova, en el barrio “Los Poetas” de La Pintana, la policía incautó, entre otras cosas, pólvora negra.
El tercer sospechoso, Enrique Guzmán, fue aprehendido en su domicilio en la comuna de Puente Alto.
A fines de diciembre del año pasado, el mismo tribunal absolvió a los otros dos imputados, al estimar que no se alcanzó el estándar de convicción requerido, y condenó a Flores por los hechos en el Metro. El ocurrido en el Subcentro fue considerado como un delito de carácter terrorista, convirtiendo a Flores en el primer sentenciado de la Región Metropolitana por este tipo de actos desde la implementación del Sistema Procesal Penal.
“Un sabor amargo”
La lectura de sentencia se realizó cerca del mediodía. A puertas cerradas y sin la presencia del inculpado de 25 años, quien vivía en la comuna de San Bernardo y se dedicaba al comercio ambulante.
El fallo establece una pena para Flores de 15 años de presidio mayor en su grado medio por colocar, activar y detonar un artefacto explosivo en la Escuela Militar, y a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo por posesión o tenencia de bomba, y lesiones menos graves a seis personas, en Los Dominicos. Las penas contarán a partir desde el 18 de septiembre de 2014, día desde que permanece privado de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad.
Además, tendrá que pagar una indemnización a tres afectados: $2.500.000 a Luis Vega Quezada, y dos millones -a cada uno- a José Bórquez Miranda y a Ramón Monte Fuentes.
Las condenas dejaron insatisfechos a los intervinientes. “Estos son hechos graves. Las penas que se impusieron al condenado también fueron altas. Sin embargo, estimamos que dadas la gravedad de los hechos y la existencia de 29 víctimas, sin duda, la expectativa de pena era mayor”, aseguró el fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán. El Ministerio Público solicitó 40 años de presidio y el reconocimiento de tres hechos con carácter terrorista. Guzmán aseguró que realizarán una “acuciosa lectura” del fallo para establecer los pasos a seguir.
En tanto, el vocero de la Defensoría Penal Pública, Jorge Moraga, señaló que “la situación de Flores nos deja con un sabor amargo”, ya que consideran “excesivos” los 23 años de presidio. Es por esto que en los próximos nueve días interpondrán un recurso de nulidad. “A juicio de la defensa, los hechos no tienen las características que lleven a una correcta y prudente aplicación de una ley que exacerba tanto las penas, como lo es la Ley Antiterrorista”, indicó. Uno de los requisitos para ser considerado como tal, agregó, es la pertenencia a una organización.
El argumento fue desestimado por la abogada de la Clínica Jurídica de la UC y representante de las víctimas, María Elena Santibánez, quien indicó que “muchas veces estamos en presencia de estos lobos solitarios que cometen delitos que causan daños gravísimos en forma individual”.
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